La Iglesia condenó la represión

Por primera vez desde que comenzaron las protestas contra la megaminería, irrumpió durante el fin se semana largo la voz de la Iglesia Católica.

Fue a través de un severo documento de los obispos de la Patagonia, encabezados por el prestigioso obispo de Neuquén y vicepresidente primero del Episcopado, Virginio Bressanelli, en el que deploran la enérgica represión contra manifestantes ocurrida el 10 de febrero en el departamento catamarqueño de Tinogasta y en la localidad tucumana de Amaicha del Valle, según señala el diario Clarín.

Al mismo tiempo, en el documento critican que “la actividad minera cuestionada se mantengaimpune o sea analizada muy superficialmente” y reclaman un “diálogo abierto y federal”que derive en efectivo control del Estado y la sociedad. El texto fue redactado en Rawson, durante el VIII Encuentro de Areas Pastorales de la Región Patagonia-Comahue, que tuvo por tema Iglesia y Cuidado de la Naturaleza .

Y constituye un implícito cuestionamiento al Gobierno nacional y a provincias mineras gobernadas por el kirchnerismo, que vienen defendiendo la megaminería y desestimando las protestas. El toque de atención de los obispos patagónicos se suma al reciente pedido del presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, para que no se use políticamente el legítimo reclamo por las Islas Malvinas.

El debate por la megaminería cobró fuerte actualidad a principios de enero cuando empezaron a producirse cortes de ruta y manifestaciones en el noroeste, contra la explotación de yacimientos mineros en el cerro Famatina (La Rioja) y en Bajo La Alumbrera y Agua Rica (Catamarca).

Los más castigados fueron los pobladores de Tinogasta, que cortaron una ruta para impedir el paso de camiones con insumos para La Alumbrera, lo que desató una fuerte represión que dejó ocho heridos de balas de goma . Esa madrugada fue la represión de Amaicha. En Andalgalá, una localidad catamarqueña más cercana a La Alumbrera y Agua Rica, tuvo lugar un contrapiquete de partidarios de la megaminería, que impidió el acceso de manifestantes de otras zonas cuando marcharon el miércoles pasado para recordar la salvaje represión a una protesta antiminera ocurrida allí en 2010.

En el documento, los obispos patagónicos –en cuya jurisdicción hay diversos emprendimientos mineros- expresan su “cercanía y comunión a los hermanos y hermanas que manifiestan su preocupación de distintas maneras: presentaciones judiciales, participación en marchas, adhesión en manifestaciones, súplicas y oraciones”.

También “deplorar lo que acontece en otras regiones del país, donde se reprime la protesta pacífica quedando divididas las sociedades de cada lugar, mientras la actividad minera cuestionada se mantiene impune o se analiza muy superficialmente”.

A continuación, proponen “un diálogo abierto y federal; un ámbito jurídico que ponga límites en temas tan controvertidos; el compromiso de garantizar que los pueblos y zonas cercanas a los emprendimientos mineros puedan mantener su forma de vida, sus trabajos, sus costumbres productivas, su agua, sus cerros, sus bosques; la voluntad política de un efectivo control social sobre tales emprendimientos, y el respeto a la legislación argentina internacional que protege los derechos y el territorio de los pueblos originarios”.

El tema de la minería hace tiempo que viene siendo seguido con atención por la Iglesia y, en particular, por los obispos patagónicos. De hecho, en años anteriores hubo pronunciamientos regionales advirtiendo sobre el tema.