Vecinos de Belén y Santa María cortan de manera parcial la ruta 40 en las entradas a la mina. “Hay quince años de corrupción, contaminación y contrabando”, dijeron desde la Asamblea El Algarrobo. Hoy la policía provincial, por orden de la Justicia, detuvo a seis manifestantes aunque fueron liberados a las pocas horas.
La Politica Online | 26.01.2012 17:58:00
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Mariano 28-01-2012 | 23:46
Este link está interesante: http://sites.google.com/site/cosaspensadas/cosas-de-desarrollo/2009-mineria
Ricky 27-01-2012 | 14:06
Que le hagan creer a la gente que la forma de salir de la pobreza es destruyendo y entregando los recursos naturales es muy triste. LAmentablemente hay muchos "cabezas de termo" que pueden llegar a creerlo pero es la mision de los que estamos concientes de que no es asi y que la economía puede mejorarse de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. Para el futuro de nuestros hijos y nietos, paremos a estos cipayos, mañana es tarde.
Argentino 27-01-2012 | 11:27
LA SECRETARIA DE MINERIA DE LA NACION ES UNA ESCRIBANIA DE LAS MINERAS, EL ACTUAL SECRETARIO ES EMPLEADO DE LAS MINERAS AL IGUAL Q CRISTINA, GIOJA DE SAN JUAN, BEDER HERRERA DE LA RIOJA, CORPACCI DE CATAMARCA, URTUBEY DE SALTA.....SON TRAIDORES A LA PATRIA Q ENTREGAN LOS RECURSOS NATURALES Y ADEMAS NO HACEN CUMPLIR LA LEY 26659 Q PROHIBE LA EXPLRACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA, O NO SABEN Q HAY EXPLORACION EN MALVINAS POR PETROLERAS INGLESAS ASOCIADAS CON LAS MINERAS....POR ESO DESDE EL PODER EJECUTIVO MIRAN PARA OTRO LADO Y NO HACEN CUMPLIR LA LEY, ES PQ ESTAN TODOS VENDIDOS, MANGA DE CORRUPTOS!!!!!
hugo 27-01-2012 | 05:11
Es necesario que toda la ciudadanía del País de una respuesta contundente ante la detención de estos vecinos de Catamarca por el solo hecho de manifestarse en favor de su medio ambiente y su calidad de vida. Nadie ignora que responden a la táctica de criminalizar el reclamo social, estrategia a todas luces impulsada desde la Presidencia de la Nación. La misma Justicia que no pareciera haber investigado convenientemente las denuncias de contrabando, no ha vacilado en retener por la Fuerza Pública a vecinos con la ridícula fundamentación en una averiguación de antecedentes, como si en los pueblos del Interior no se conocieran todos y, con más razón, los integrantes e impulsores de las Asambleas, que por lo general son vecinos caracterizados, no faltando entre ellos docentes, médicos, comerciantes y, como en La Rioja, hasta el Intendente y el cura párroco. Es preciso frenar estos intentos de intimidación antes que adquieran mayor vuelo, no olvidando que los políticos y funcionarios que impulsan esta minería depredadora no han de vacilar en usar cualquier medio que consideren conveniente al logro de sus fines. Las muertes de los jóvenes Mariano Ferreyra en Buenos Aires y Cristian en Santiago del Estero están muy cercanas en el tiempo, así como los ataques perpetrados por patotas en diversos puntos del País en contra de vecinos y trabajadores que reclamaban por sus derechos conculcados.
En cuanto a los muchos efectos nocivos derivados de este tipo de minería mucho se ha hablado y no es del caso volver a repetirlos. Pero sí cabe hacer notar que si los habitantes de la región donde se ha de instalar esta mina, es decir los directamente afectados y por tanto los con mayores derechos a ser escuchados, se niegan a dicho emprendimiento, NO HAY MÁS que hablar. Ya está todo dicho. Se le llama Licencia Social y está reconocida legalmente en los países que respetan y valoran a sus ciudadanos, donde toda industria a instalar debe tener el visto bueno de la sociedad. ¿Por qué no se ha legislado al respecto en nuestro País? ¿Será que si se recaba la opinión de la ciudadanía se les acaben algunos “buenos negocios” a nuestros políticos y gobernantes?.
Todo este renacer de la defensa de sus derechos y dignidad por parte de la ciudadanía, debe conducir a exigir y obtener de nuestros legisladores y gobernantes una Ley que garantice en el orden Nacional el pleno uso del derecho a otorgar o no la Licencia Social, y que en caso de no otorgarse el proyecto en discusión quede sin efecto de pleno derecho.