La falta de fondos ya afecta la obra pública de Santa Fe, que sufre despidos y suspensiones

El gobierno de Santa Fe parece ser uno de los primeros en sentir el impacto de un cambio de tendencia económica, que según distintos analistas ofrecerá en el 2012 un crecimiento más moderado, que en los años anteriores, en un marco de ajuste en las cuentas del Estado.

Todavía no está del todo claro cuanto de la incipiente crisis obedece a causas locales y cuanto al marco nacional, pero lo concreto es que esta semana regresó a la provincia una agenda que parecía olvidada: despidos y suspensiones en las obras de dos contratistas del Estado, que justificaron el ajuste en el atraso del Ministerio de Obras Públicas en pagar los certificados de obra de octubre, noviembre y diciembre.

La filial local de la Uocra reaccionó de inmediato y amenazó con parar la obra pública en toda la provincia si la gestión de Antonio Bonfatti no obliga a las constructoras a dar marcha atrás con las medidas. El gobernador buscó desdramatizar la situación: “La demora es estacional, porque en diciembre y enero se pagan los aguinaldos y hay dos meses sin ingresos porque no vencen impuestos. Pero las obras no las paralizamos”, dijo el socialista.

El conflicto sumo densidad el lunes, cuando la empresa porteña Riva SA -a cargo de la construcción de un hospital en el límite sur de Rosario, junto a Villa Gobernador Gálvez- impidió el ingreso de 35 operarios a los que les comunicó que se les había enviado el telegrama de despido. La razón: el atraso de la Provincia en pagar las cuotas del contrato a medida que la firma presenta los avances de la obra.

En simultáneo, SIC -una de las adjudicatarias en la construcción de 1.500 viviendas en el noroeste de la ciudad- suspendió a otros 65 operarios. Fue la gota que rebalsó el vaso y desató la reacción de la Uocra. “Tratábamos de creerle al gobierno, pero las empresas dicen que no les pagan y que no tienen dinero para aguantar el pago de sueldos. Si no logran reincorporar a los compañeros, vamos a la pelea y pararemos todas las obras públicas en la provincia”, afirmó Sixto Irrazábal, secretario general del sindicato en Rosario. De inmediato el gobierno provincial convocó al gremio a una reunión con los ministerios de Obras Públicas y Trabajo.

Si bien Bonfatti y su ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, trataron de poner paños fríos y hablaron de un circunstancial “cuello de botella” en los pagos, lo cierto es que la estrechez financiera se le presenta en vísperas de las paritarias con los gremios de la administración pública, que ya anticipan pedidos que irán por encima del 25 por ciento de aumento. Y, para completar el cuadro, los problemas en los servicios de agua y de electricidad forzó al gobierno a anunciar un paquete de inversiones millonarias.

Ricardo Griot, presidente de la filial rosarina de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), reconoció a LPO que “hay atrasos importantes, hay preocupación, pero no alerta. Hubo 35 despidos sobre unos 1.500 trabajadores afectados a la construcción de viviendas, sin contar el resto de las obras que se ejecutan en la órbita del Estado”, y subrayó que “el gobierno nos confirmó su decisión de continuar las obras”.

El empresario se negó a dar números sobre el atraso en los pagos, pero reconoció que “este año la situación se agravó un poco porque la tasa financiera está muy alta como para que algunas empresas puedan aguantar los costos con recursos propios. Siempre en diciembre y enero hubieron dificultades para cobrar. Fuera de eso, la relación de pagos venía muy bien tras la crisis de 2009. Lo que pasa es que hoy hay mucha sensibilidad en los gremios y la gente se asusta”, concluyó Griot.