El Gobierno estudia vender gasoil importado para combatir a las petroleras

Según confirmaron a LPO desde Enarsa, la alternativa que analiza el Poder Ejecutivo consiste en proveer diesel importado a las estaciones ‘blancas’, las que no integran la red de las grandes refinadoras –YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil, de Cristóbal López-, para garantizar el suministro del mercado. La empresa estatal de energía produce una pequeña cantidad de gasoil en una refinería de Campana (ex Rhasa), que mayoritariamente se distribuye entre las centrales térmicas, e importa un importante volumen del combustible, también para generar electricidad.

La iniciativa que traen entre manos los técnicos del Ministerio de Planificación, que dirige Julio de Vido, consiste en destinar un porcentaje del diesel importado a cubrir la demanda de las estaciones ‘blancas’ o independientes, que hoy deben hacer malabares en el mercado para asegurar su cupo de combustibles. Sería la primera vez en más de dos décadas que una empresa estatal participar del abastecimiento del mercado de combustibles (hoy la importación de gasoil está habilitada, pero la compra corre por cuenta de las refinadoras privadas).

Enarsa podría inyectar en surtidores hasta 500.000 metros cúbicos anuales (m3/año), alrededor de 600 millones de litros, indicó a LPO un funcionario de la Secretaría de Energía, que está estudiando la factibilidad técnica del proyecto. No es una cifra menor: representa algo más del 10% del gasoil que se comercializa en las estaciones de servicios: 5.800 millones de litros.

Por un lado, resta chequear la compatibilidad del gasoil importado con los requerimientos de las normativas de calidad vigentes en la Argentina, un aspecto que no significaría ningún impedimento, afirmaron desde la cartera que dirige Daniel Cameron. La ecuación económica de la operación es la que genera mayores dudas. Es que a pesar de que el valor interno del gasoil se ha encarecido un 25% el último año, aún continúa por debajo del precio internacional, con lo cual la empresa estatal debería subsidiar parte del costo de la importación. “Ese es el aspecto que más resistencias genera dentro del Ministerio de Planificación, porque la política sectorial apunta a la reducción de subsidios”, explicaron las fuentes consultadas.

“Durante la última conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, el ministro De Vido nos prometió que el Estado buscaría la forma para evitar el cierre de más estaciones blancas”, destacó a LPO Manuel García, titular de AESI, la asociación que agrupa a los estacioneros PyMEs. En esa misma línea se pronunció un colaborador directo de Cameron: “La venta de gasoil importado en surtidores apunta, más que nada, a defender los puestos de trabajo en las estaciones más comprometidas. Porque el abastecimiento de combustibles está asegurado”, señaló.

Menos oferta

La significativa recomposición de los precios de los combustibles en 2011 –el aumento en lo que va del año supera el 30%- no logró detener la tendencia negativa que más preocupa en el sector: el cierre de estaciones blancas. Por la alta carga tributaria que pesa sobre los derivados del petróleo –alrededor de un 50% de su valor final-, el encarecimiento de las naftas y el gasoil registrado en 2011 no logró evitar la desaparición de 300 estaciones blancas, según denunció Cecha, otra de las cámaras del sector.

Según un informe de la entidad, de contar con 6.157 estaciones en 2001 para abastecer a seis millones de vehículos, se pasó a fines de 2010 a 4.233 bocas de expendio para nueve millones de vehículos que son los que actualmente circulan por el país. Y este año, la cantidad bajará a las 3.900.

Desde el Gobierno defienden una óptica diferente. “En los 90, en años de la Convertibilidad, se abrieron cientos de estaciones porque el negocio de distribución de combustibles tenía una rentabilidad exagerada. En la actualidad, la situación es otra, pero el mercado no deja de estar abastecido”, afirman.

En rigor, los estacioneros –que amenazaron con un paro en las estaciones para el 30 y 31 de diciembre- reclaman por el alza de la bonificación que reciben por cada litro de nafta comercializado. El sistema funciona así: de las 3.900 estaciones que están en actividad, 1.000 son blancas, 2.300 son ‘de bandera’, es decir, reciben un cupo de las petroleras, y alrededor de 600 son abastecidas directamente por las refinadoras.

“Las independientes y las embanderadas reciben una bonificación por el combustible que venden, que ronda el 8% del precio final de las naftas y el gasoil. Con ese margen, no es viable que las estaciones sigan operando”, denunció García. “Como mínimo, según nuestros estudios, la bonificación debería ser del 15%”, añadió.

Una iniciativa contra las petroleras

En diciembre, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción a un proyecto de ley que apunta a cambiar la fisonomía del negocio de combustibles en el mayor distrito del país. Como punto más saliente, la medida prohíbe a las grandes petroleras tener estaciones de servicio propias; es decir, veda su participación directa en la distribución minorista de naftas y gasoil (también limita su venta al agro).

El proyecto recoge un reclamo histórico de los estacioneros PyMEs, que cuestionan que en época de faltante de combustibles las empresas optan por abastecer a sus estaciones, desatendiendo el suministro de las bocas de expendio PyMEs.

La normativa fue redactada por Carlos Acuña, secretario general de la Federación de Obreros y empleados de estaciones de servicio (Foesgra), y cuenta con el respaldo de AESI, la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

Según indicó el titular de AESI, el proyecto cuenta con el respaldo de buena parte del arco político. De hecho, en Diputados fue aprobado con los votos del Frente para la Victoria (FPV) y el FAP, liderado por Hermes Binner. Sólo el radicalismo pidió más tiempo para estudiar la medida. “Seguramente, la iniciativa será convertida en Ley por
Senadores en las primeras sesiones de 2012, en marzo”, precisó García.

En la práctica, la normativa obligará, en un período de tres años, a las petroleras a desprenderse de las 600 estaciones que hoy controlan en forma directa. Tendrán que embanderarlas, es decir, venderlas a un tercero que siga abastecido por su red, o transferirla a un independiente.