Acusan al juez del Riachuelo de beneficiar a multinacionales contaminantes

El 30 de Agosto pasado un violento allanamiento irrumpió en la Cooperativa Curtidores Unidos Ltda., firma recuperada por trabajadores de la empresa Manuel Neira que quebró a fines de 2005. Unos 50 policías ingresaron a punta de pistola en base a la orden librada por el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

La curtiembre había sido clausurada por Acumar, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo cuando la cooperativa se encontraba planificando la instalación de una planta de tratamiento de efluentes y gestionando los fondos necesarios para concretar la obra. En el operativo, basándose en una supuesta violación de la clausura, un miembro de la cooperativa, Oscar Aguirre, fue llevado a declarar y permaneció detenido durante 24 horas. Fue puesto en libertad luego de una protesta del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, la agrupación La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluídos frente al Juzgado Federal de Quilmes.

Gustavo Vera, representante del Movimiento La Alameda, aseguró en medios radiales que "los trabajadores son concientes que la reapertura de la fábrica requiere determinados controles y cambios que tienen que hacerse con supervisión del Estado y eso se está tramitando desde hace tiempo. En medio de ese proceso, en el que ni siquiera se está produciendo, este juez salió de caza de brujas con las fábricas más pequeñas y está haciendo la vista gorda con las más grandes”.

Los obreros de la cooperativa allanada denuncian que mientras Amella es implacable con ellos, hace la vista gorda ante flagrantes delitos ambientales de multinacionales como Sadesa y Camilo Ferrón denunciadas oportunamente por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y La Alameda por contaminar las barriadas humildes de Villa Fiorito.

Los trabajadores afirmaron en un comunicado que la clausura y detención de Oscar Aguirre que sufrieron se debe a que rechazaron concretar ciertos retornos "como si lo hacen las grandes empresas contaminadoras del Riachuelo a las cuales no le hacen inspección alguna”.

De hecho, las denuncias contra Sadesa y otras multinacionales no es nueva. El primero de junio se hizo una presentación penal ante la Corte Suprema contra Sadesa (una multinacional del cuero que sólo en la Argentina factura más de 1000 millones de pesos al año), Camilo Ferron (agroindustrial nacional con fábricas en Chile) y Contetodo (residuos peligrosos). Ese día una marcha de vecinos de Villa Fiorito y Caraza acompañaron la denuncia de La Alameda y el MTE presentada en el marco de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”. La denuncia por violación al artículo artículo 55 de la ley 24.051 alcanzó a los directivos de las citadas multinacionales.

El caso Rigolleau

En Berazategui el juez Amella también fue acusado de beneficiar a la empresa Edesur, judicializando la protesta de vecinos contra la instalación de una subestación eléctrica en medio de la ciudad del secretario de Ambiente de la Nación, Juan Jose Mussi.

Los vecinos que luchan contra la instalación de la subestación Rigolleau, se sorprendieron cuando el 15 y 17 de noviembre fueron citados por la Justicia Federal del Quilmes. La citación a indagatoria por un corte de vías realizado tiempo atrás, se produjo en medio del estado de alerta de los vecinos autoconvocados, ante las versiones de un inminente regreso de los trabajos para la puesta en funcionamiento de la subestación.

Los vecinos se negaron a declarar según afirmaron “de la lectura del expediente surge con toda claridad que no hay ningún elemento de cargo alguno” que justifique que estemos imputados.

En un comunicado agregaron que “los elementos reunidos por la Ugofe – la operadora de la Línea Roca-, para acusar a quienes defienden su vida y la de sus hijos de la contaminación electromagnética, son absolutamente infundados y no muestran la participación de los imputados en ningún corte de vías”.

Y subrayaron que “el único testimonio que presentan es el de un policía, que reconoce haberse infiltrado entre los vecinos para hacer tareas de inteligencia.”