La política de vacaciones, pero largas

No es la primera vez, pero la situación desnuda una de las falencias crónicas de la “nueva política”, o lo que es lo mismo decir, la no política. La transferencia de los subtes de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires pone en evidencia la anomía institucional que sufrimos a diario.

Se trata de la ausencia de autoridad, pero no sólo de las personas que gobiernan, sino la peor ausencia en una democracia hecha y derecha, la falta de observancia a la ley por parte de esos mismos gobernantes. Sí, aún cuando en las fórmulas de sus juramentos ante Dios y la Patria de “observar y hacer observar la Constitución”, en el obrar cotidiano no sólo no cumplen con aquellas palabras pronunciadas hace apenas un mes, sino que hacen lo contrario, aún a sabiendas.

Este desprecio por las reglas de juego hace impredecible sus actos, y de a poco erosionan el valor del voto y llevan desesperanza y resignación a la Ciudadanía. Es de notar que la transferencia del servicio de subterráneos de la Nación a la Ciudad debería realizarse como las reglas lo aconsejan, simplemente porque la democracia republicana es precisamente el gobierno de la ley. Pero además de representar el “deber ser”, sería el camino más eficaz y eficiente.

Así, el Gobierno Nacional pide “esfuercitos” para tomar gestiones al margen del mandato constitucional que de modo indudable marca el camino. La Constitución Nacional consta apenas de ciento treinta artículos, si se quiere tomar al 14 bis como uno más. No son tantos como para obviar, ni difíciles de entender desde la primera interpretación de las normas, la literal, como el artículo 75 inc. 2 que en su penúltimo párrafo señala expresamente; “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso”.

Para muchos se trata de un capítulo más del desprecio movimentista que se afianza en la versión más descarnada de un populismo degradante de la democracia real. Los tributos escondidos en resoluciones ministeriales que aniquilan garantías constitucionales universales nacidas hace ochocientos años, la mordaza impuesta a la libre expresión de manera velada aunque poco sutil, ponen de manifiesto el desprecio por los límites de un poder legitimado originariamente en las urnas, pero deslegitimado en su ejercicio.

Es así de alevoso, sin rodeos, pero también paradójicamente sin sorpresas. Hace apenas unos meses, antes de las elecciones, ni se mencionaba el recorte de subsidios, ni los tarifazos. Ni siquiera en letra chica figuraban en el contrato electoral. Tirarle por la cabeza al Gobierno de la Ciudad los subtes en pleno mes de diciembre es un acto de irresponsabilidad total. ¿No sabía el Gobierno Nacional que el presupuesto es la cuantificación de un plan de acción de gobierno?

En este sentido parecerían lúcidas las primeras reflexiones del Ministro de Hacienda de la Ciudad Néstor Grindetti, al mencionar que la Ciudad no cuenta con partidas para sostener el subsidio millonario que aguantó el Gobierno Nacional hasta alcanzar el 54% de los votos. Pero ni el Ministro ni el Jefe de Gobierno acudieron a la mención de la prescripción constitucional antes citada. ¿La conocerán? Y si así fuera, ¿porqué no la hicieron valer?

La primera respuesta que se asoma, es que existe una complicidad en la dirigencia política de los últimos años, que clava la mirada en las encuestas y en sus propios intereses antes que en las normas que juraron respetar, y los principios que surgen de ellas. La complicidad que los iguala ya se manifestó en el Consejo de la Magistratura Nacional hace apenas unos días. También habrá utilidades compartidas en el salvaje ajuste de ABL de Macri que castigará nuevamente a la maltratada clase media, o lo que queda de ella. En mayo, los porteños se darán cuenta que la mayor valuación de “Rentas” de la Ciudad (ahora AGIP) también los hará ingresar por primera vez como contribuyentes del impuesto nacional de bienes personales.

Así vivirán una presión tributaria insólita, la más alta en la historia de la Ciudad que ya lo ha castigado con la reinstauración del impuesto de sellos. La campaña Macri 2015 está en marcha, y con un costo feroz para los vecinos. El artículo 51 de la Constitución de la Ciudad contempla como garantía del contribuyente la capacidad contributiva. ¿Fue analizada? Ni por asomo.

No sabemos cuánto durará la polémica por el subte, pero pasará, como todo lo demás. El viaje podrá costar $3,70; $1,10; o $2,50. El tema es cómo se decide una tarifa que afecta a más de un millón de personas, gente común de a pie cuya capacidad de trasladar el costo a sus ingresos es nula. El artículo primero de la Constitución de la Ciudad dice que “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”, y en razón de ello apenas establecida su legislatura fue sancionada la ley Nº6 –con sucesivas reformas- que reglamenta el funcionamiento de la audiencia pública temática. Deberá también reformar la Ley tarifaria pasando por el órgano legislativo. ¿Exceso burocrático? No, garantía constitucional. No hay emergencia, ya que tanto el Gobierno Nacional como el de la Ciudad saben de antemano –o deberían saberlo-, que los servicios pasan con sus partidas a las jurisdicciones subnacionales, que existe un presupuesto anual, y su correspondiente ley tarifaria, como así también una ley de audiencia pública.

Fui consultado con insistencia en estos días sobre el problema del subte, y tratando de dar una explicación caí en la cuenta que todos los problemas se refieren al desapego a las normas, pero dramáticamente descubro que los primeros en hacerlo son quienes deben observarlas y hacerlas observar. Recordé entonces mis tiempos de estudiante en la Facultad de Derecho cuando cayó en mis manos el libro de Carlos Santiago Nino “Un país al margen de la ley”. ¡Cuánta actualidad conserva, lamentablemente! La política pareció quedarse sin libreto hace diez años. La improvisación se tiñó de pura gestión, pero debemos tomar nota que esa tónica no tiene destino. La política siempre tuvo libreto; el de respetar la ley y ser fiel al mandato popular. Será cuestión de ir reconstruyendo con fidelidad republicana el tejido institucional que nos proteja de las arbitrariedades de los gobiernos de turno, sea del signo que fuera.