El cierre de Megaupload y la vigencia de Guantánamo. Otro caso de doble estándar.

El pasado 20 de enero el Departamento de Estado norteamericano, conjuntamente con el FBI, montó un operativo en el cual clausuró una de las principales páginas Web de intercambio de archivos – Megaupload – y detuvo a varios de sus responsables, entre ellos su presidente Kim ‘Dotcom’.

En medio de una polémica desatada a partir de dos proyectos de ley contra la piratería informática, que aún se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso y en el Senado norteamericano, agencias gubernamentales acusaron a Megaupload Limited y Vestor Limited de ser responsables de piratería masiva de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Los cargos presentados aludieron a conspiración de crimen organizado, comisión de infracciones de derechos de autor de forma masiva, blanqueo de dinero y dos cargos criminales de violación de la propiedad intelectual. En contraposición a esa rigurosidad legalista, ninguna agencia gubernamental norteamericana se pronunció acerca de la sistemática violación de derechos humanos que se comete en la cárcel de Guantánamo, ubicada en la base militar que Estados Unidos ocupa ilegalmente en el extremo sur oriental de la Isla de Cuba desde 1903.

La extrema sensibilidad que caracteriza la relación que mantienen Estados Unidos y Cuba no es nueva. Ya en 1823 el Secretario de Estado John Adams admitía la importancia que la isla tenía para los intereses políticos y económicos de la entonces Unión Norteamericana. Dos décadas después, en 1848, el presidente James Polk le ofrecía 100 millones de dólares al gobierno Español por la isla. Luego de resultar victoriosa en la guerra hispano-estadounidense por su independencia, Cuba sancionaría en 1901 la Constitución Nacional, con el agregado de la Enmienda Platt, que otorgaba al gobierno de Estados Unidos la facultad de intervenir en los asuntos internos de la isla cuando lo considerara conveniente. Casi inmediatamente se suscribirían el Tratado de Reciprocidad Comercial (1902) -que aseguraba a Estados Unidos el control del mercado cubano y consolidaba a dicho país en la monoproducción- y el Tratado Permanente (1903) que daba base convencional a las estipulaciones de la Enmienda Platt, otorgándole la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos para que allí situase una base naval. Si bien la soberanía de dicho territorio seguía siendo de Cuba, Estados Unidos ejercería jurisdicción sobre el mismo. Con la llegada de Franklin Roosevelt al poder se inauguraba una nueva forma de vinculación entre Estados Unidos y el hemisferio sur, denominada “política de buen vecino”, que en Cuba se materializaría a través del fin de la Enmienda Platt en 1934, aunque Estados Unidos conservaría su base naval en Guantánamo.

Muchos fueron los sucesos que se suscitaron a partir de la llegada de Fidel Castro al poder. En un contexto de bipolaridad que dividió al mundo, los intentos de desestabilización y aislamiento por parte de Estados Unidos a Cuba fueron incrementándose con el correr de los años. Washington impuso un embargo –parcial primero y total después- sobre la isla y militarmente planificó una –a la postre fallida- invasión a Bahía de Cochinos (Playa Girón). Fidel Castro declaró el carácter socialista de su gobierno, lo que determinó su expulsión de la Organización de Estados Americanos en enero de 1962 y el cese de relaciones diplomáticas con muchos países de la región. Durante las tres décadas siguientes Cuba se refugiaría en el apoyo recibido por parte de la Unión Soviética, quien se encargaría de garantizar la cuota azucarera anteriormente suprimida por Washington.

El fin de la Guerra Fría puso en jaque a la economía cubana, que tuvo que abrir sus puertas al turismo, escenario que determinó una profunda escisión en la estructura social del país. La situación económica fue empeorando en las últimas dos décadas y las políticas tomadas durante las administraciones de George W. Bush hacia la isla empeoraron la relación bilateral y sumergieron a Cuba en una crisis aún mayor. La llamada Guerra contra el Terrorismo y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, impuesta por Estados Unidos a partir de los sucesos del 11S, involucraron a Cuba: por un lado, al indicarlo como país que fomenta el terrorismo y, por otro, al utilizar la cárcel en Guantánamo como lugar de encierro de supuestos terroristas.

La llegada del demócrata Obama no ha revertido esta situación. Las principales promesas electorales del presidente norteamericano sobre la cuestión no se plasmaron en su gestión de gobierno. En noviembre de 2009 anunció que no podría cerrar la cárcel de Guantánamo -como había prometido- y pidió paciencia para poder cumplir con ese cometido. Desafortunadamente, a escasos meses de finalizar su mandato la prisión, donde se violan todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sigue abierta.

El pasado 11 de enero se cumplieron 10 años desde la instalación de dicho campo de detención. Más de 170 hombres –detenidos en forma arbitraria e indefinida- permanecen allí y aunque existe aprobación para transferir la mitad de ellos a cárceles federales, aún no se les ha dado ese destino. La otra mitad posee un futuro incierto. Hace apenas unos días la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a expresar su decepción por el incumplimiento de Obama, instándolo a que cierre la cárcel. Asimismo, al interior de Estados Unidos también se trata de una demanda insatisfecha. En este sentido un amplio sector de la opinión pública, organizaciones de derechos humanos, y hasta el principal periódico del país –The New York Times- han reclamado la devolución a Cuba de la base naval de Guantánamo. El primer mandatario norteamericano, a contramano de los reclamos formulados por los sistemas universales de protección de los derechos humanos, ha desoído sistemáticamente los recurrentes pedidos para terminar con las flagrantes violaciones cometidas contra la dignidad y la vida de los prisioneros. Sin embargo, la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton denuncia desde Washington prácticas violatorias de derechos humanos en Latinoamérica en una indudable muestra del doble estándar que aplica Estados Unidos en materia de legalidad institucional y de política exterior.

La carrera por llegar a la Casa Blanca ya comenzó. El panorama no es favorable ya que los dos republicanos enfrentados en la interna -Romney y Gingrich- avalan la continuidad de la cárcel en Guantánamo y, en caso de ganar, intentarán ampliarla. Por su parte, los demócratas serán nuevamente representados por Obama, quien aún no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema pero, cuando menos hasta ahora, ha demostrado su incapacidad para revertir la situación. Probablemente el demócrata intente persuadir a los votantes con un discurso similar al que utilizó en el 2008. En caso de ganar, su gestión deberá demostrar si es capaz de poner fin a un capítulo vergonzoso de la historia institucional norteamericana o si, en cambio, persiste en sostener lo que hoy constituye un verdadero ícono de lo peor de la condición humana. La primera opción es superadora desde todo punto de vista, no sólo a partir de una concepción ética de ese “estado de derecho” que presume ser sino, también, desde una mera perspectiva utilitarista, pues los altos costos de mantenimiento -800.000 dólares al año por prisionero- podrían destinarse a paliar los gravísimos problemas domésticos que enfrenta la economía del gigante.