Desendeudamiento maquiavélico

El nivel de endeudamiento ha retornado casi 10 años después a los niveles pre-crisis. La deuda pública total (USD 160.890 millones) equivale al 47% del producto, luego de alcanzar un pico de 166% en 2002.

Conviene recordar que esta dinámica no fue explicada por una caída de la deuda pública. A pesar de las quitas nominales que se generaron con los canjes de deuda de 2005 y 2010, la deuda pública tuvo un crecimiento nominal del 11% entre 2001 y 2010.

Este aumento fue producto del ajuste de la deuda en pesos por inflación (CER), la consolidación de deudas previsionales, las variaciones en los tipos de cambios internacionales, la emisión de nueva deuda y avales para obras de infraestructura y, más recientemente, la reaparición del déficit fiscal bien medido. El aumento de la deuda nominal fue compensado por la expansión del producto medido en dólares, que creció 28% entre 2001 y 2010.

Pero la dinámica de la deuda pública cambia sustancialmente si se incorporan dos aspectos polémicos al cálculo. El primero son los efectos de la manipulación estadística del CER (de la inflación) sobre los títulos del canje de deuda del 2005. La subestimación de la inflación desde 2007 desinfló el crecimiento de la deuda registrada en unos USD 33.000 millones, equivalentes a 10% del producto. Este cómputo incluye los menores pagos de amortización e intereses realizados en los últimos años y la subestimación del stock de deuda ajustada por CER.

Aunque muchos funcionarios se vanaglorian por haber logrado un “ahorro patriótico”, omiten decir que buena parte de esos títulos eran propiedad de las AFJPs (de los futuros jubilados) y ahora de la propia ANSES (es decir, de los actuales jubilados). Pero nuestra intención no es hacer este juicio de valor, sino demostrar cuáles habrían sido los resultados de la política fiscal, del canje de deuda y de la estrategia de (des)endeudamiento de no haber mediado maniobras fraudulentas.

El segundo punto se refiere a los desmanejos de la política previsional. Desde 2001 a 2006 el gobierno priorizó los ajustes en las jubilaciones mínimas, lo cual derivó en un “achatamiento” de la pirámide previsional y en una catarata de juicios previsionales.

Así, la situación legal del sistema previsional se asemeja a la de los años 80’s. Esto ocurre a pesar de una llamativa diferencia entre los decadentes ‘80s y los prósperos 2000s. En aquellos años, la emergencia fiscal obligó al gobierno de Alfonsín a incumplir el 82% móvil generando una deuda que debió ser reconocida y consolidada en los ‘90s. Ahora, la Corte obligó a indexar las jubilaciones desde 2002.

La “ley de movilidad jubilatoria” buscó poner fin al congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima, pero partiendo de una base de actualización inferior a lo prescripto por el fallo. Así, la brecha entre haberes teóricos y efectivos no crece pero tampoco desaparece. Esto implica que el pasivo fiscal contingente sigue creciendo a pesar de la movilidad jubilatoria y está creando una vulnerabilidad fiscal a futuro.

Según nuestros cómputos, la jurisprudencia de la Corte Suprema –aplicada al universo de los perjudicados por la licuación de haberes- genera un pasivo fiscal contingente de $96.300 millones (6,8% del PIB). Este monto crece a $ 118.900 millones (8,4% del PIB) si se actualiza la deuda por el IPC oficial y a $ 153.900 millones (10,8% del PIB) si se corrige por las estimaciones de inflación privadas. Esta es la deuda a consolidar si en algún momento se desea regularizar la situación.

En otras palabras, los resultados fiscales fueron inflados en aproximadamente un punto porcentual del PIB al año por la licuación de las jubilaciones superiores a la mínima. Esto se observa claramente si se mira el gasto en jubilaciones que, excluyendo los efectos de la moratoria previsional, se mantuvo hasta 2009 no menos de 1 punto porcentual del PIB por debajo de 2001. Así, al menos un tercio del superávit primario de la Administración Kirchner (3,1% del PIB en el promedio 2003-2010) cargó sobre las espaldas de los jubilados.

Si se realizan ambos ajustes, la película fiscal no tendría un final tan feliz. La deuda pública en porcentaje del producto habría comenzado a crecer a partir de 2008 y hoy ascendería al 68% del producto, 20 puntos por encima del registro actual.

Es cierto que estos cómputos no cambian la realidad. Más allá de los ejercicios contra-fácticos y las críticas a las formas, lo cierto es que la deuda asciende a 47% del producto y la deuda en poder del sector privado (neta de organismos internacionales, ANSES y BCRA) es apenas 18% del PIB.  Pero sí alteran radicalmente el juicio respecto de la política fiscal y de administración de la deuda pública en los últimos años, incluyendo aquí los efectos del canje de 2005. Ya nadie debería ponderar la conducta fiscal de esta administración o el llamado “desendeudamiento” sin mencionar cómo se obtuvieron esos resultados y los pasivos contingentes que dejan de cara al futuro.

Una conclusión es clara: los últimos años han servido para escribir un nuevo capítulo en el manual de Maquiavelo de la política económica.